El Supremo incorpora a la causa del fiscal el informe que acredita que el novio de Ayuso también envió su correo a la Abogacía del Estado
El juez Hurtado acepta la petición de la Fiscalía que desmiente la tesis de que solo el ministerio público tenía el ‘mail’ del abogado de González Amador


El magistrado Ángel Hurtado, instructor de la causa abierta en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos, ha admitido la petición de la Fiscalía para que se incorpore al sumario un informe pericial que constata que el correo electrónico que centra la investigación no solo se había enviado al ministerio público sino también a la Abogacía del Estado. Ese informe ha sido elaborado por la Abogacía del Estado para acreditar ante el alto tribunal que ese correo nunca fue reenviado por el abogado del Estado que lo recibió y, por tanto, este no puede ser sospechoso de su filtración. Pero la Fiscalía, en un recurso presentado ante el juez, advierte de que ese documento tiene una “indudable trascendencia” para la investigación porque la pareja de Ayuso no había hecho referencia hasta ahora “a que un correo similar, o idéntico, al enviado a la fiscalía había sido remitido el mismo día a la Abogacía del Estado, lo que debería ser objeto de explicación”.
En una providencia dictada este miércoles, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, Hurtado acuerda incorporar a la causa el informe pericial informático de la Abogacía y, con ello, la copia del correo electrónico enviado por la defensa de González Amador a un abogado del Estado. En ese mail, remitido el 2 de febrero de 2024 y cuya filtración atribuye el Supremo a Álvaro García Ortiz, el letrado admitía que su cliente había cometido dos delitos fiscales y proponía a la Fiscalía un pacto que le librara de entrar en la cárcel. La investigación al fiscal general del Estado parte de que el contenido de ese correo empezó a publicarse en los medios poco después de que, a las 21.59 del 13 de marzo, la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada, se lo reenviara a García Ortiz. Pero el juez no ha conseguido recabar pruebas que confirman ni desmientan que García Ortiz fue el autor de la filtración.
La Abogacía del Estado, defensora de los dos fiscales imputados, sostiene en uno de sus recursos que el hecho de que el novio de Ayuso enviara su propuesta de pacto de conformidad en la que admitía la comisión de dos delitos a un abogado del Estado “ahonda en el nulo valor confidencial o de naturaleza reservada que se le otorga al contenido del correo de 2 de febrero incluso por el propio abogado de González Amador, pues en esa fecha la Abogacía del Estado aún no podía ser parte de actuación alguna, ni ningún integrante de la misma podría ser formalmente responsable de expediente alguno, dado que no fue invitada a personarse sino después de todos los hechos controvertidos”.
Para la Abogacía, el hecho de que el abogado de González Amador enviara a esta institución ese mismo correo unos minutos después de habérselo remitido a la Fiscalía supone que el letrado ya rompió en ese momento la supuesta confidencialidad en sus relaciones con el ministerio público. Fuentes de la defensa de ambos fiscales han insistido en que estos nuevos datos demuestran que González Amador ha engañado reiteradamente al Supremo haciéndole pensar que solo la Fiscalía podía tener los correos o la información, cuando en realidad fue el novio de Ayuso quien manipuló a la opinión publica filtrando otro correo e información parcial y tergiversada del procedimiento.
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